miércoles, 19 de mayo de 2010

Impuesto Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

La España de las autonomías ha degenerado a un sin sentido de proporciones inimaginables. Lo que empezó en una sana intención por potenciar nuestra rica y variada identidad cultural y lingüística ha degenerado en una búsqueda incansable y enloquecida por encontrar la diferencia, sin atender a costes u otras consideraciones.

Desde que en 2001 se delegasen las competencias a las autonomías en la confección y recaudación del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, las autonomías se han lanzado a una carrera por caracterizar un modelo que en origen tenía un objetivo bien definido. Con la llegada de Internet, y los procesos telemáticos, cada una de las autonomías ha realizado increíbles inversiones para desarrollar un programa que permita la confección personalizada del modelo 600, manteniendo grandes grupos de informáticos que actualizan anualmente el programa y dan soporte a los usuarios que lo utilizan. Alguna autonomía, como la Comunidad Valencia incluso ha creado su propio sistema de certificación de firma electrónica y no permiten el uso de otros certificados más extendidos como el DNI o el de FMNT.

Las plataformas y los programas de ayuda como: SURPAC, SARA, PADIA, GATA, GRECO,… han disparado los costes de algo que inicialmente era sencillo, pero que han complicado atendiendo a absurdos caprichos autonómicos, que desgraciadamente pagamos entre todos.

Imagino que este no será el disparate más grande, pero si es el que mejor conozco y es indignante ver como nos hablan de hacer un esfuerzo contributivo, después de una pésima gestión de nuestro dinero. (que vergüenza de políticos: rojos, azules, amarillos o verdes).

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